El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, y el alcalde de La Pobla de Vallbona, Josep Vicent García, han firmado un convenio de colaboración para la cesión temporal del uso de 29 viviendas propiedad de la Generalitat para destinarlas a alquiler social o al alojamiento de personas en especiales situaciones de vulnerabilidad residencial.
Fue la primera de las actuaciones que convirtieron a la Pobla de Vallbona en el municipio con un crecimiento más rápido de Vivenda Social. En poco más de un año ha permitido pasar de no tener ninguna vivienda a 40 pisos de gestión pública tras la incorporación de las 29 viviendas cedidas hoy.
Se trata de los inmuebles de las calles San Sebastià 108 y Argila 99 cuyas familias iban a ser desahuciadas y que, gracias a la actuación del Ayuntamiento y la Conselleria, pudieron quedarse en sus casas. Los hechos sucedieron a finales de noviembre de 2020, cuando se tuvo conocimiento que más de 30 familias iban a ser desahuciadas el 8 de diciembre de 2020.
El alcalde de la Pobla ha mostrado su satisfacción por un convenio que supone la formalización de un trabajo de más de un año que “soluciona un potencial desahucio que hubiera sido muy dramático” para muchas familias. Con ello se demuestra que se ha hecho “una buena gestión de la política de vivienda en un derecho que tiene que estar garantizado ante situaciones en las que se puede ver cualquier vecino.
Héctor Illueca ha resaltado “la implicación del equipo municipal en un episodio emblemático para las políticas de vivienda que luchan contra la emergencia habitacional” y ha calificado como “actuación trascendente la que se llevó a cabo por el importante contenido social y también por la perspectiva municipal”.
Ahora, con este convenio, la Generalitat cede en usufructo al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona las viviendas. A partir de ahí será el propio Consistorio el que se encargará de la gestión de los inmuebles y percibirá los ingresos provenientes del arrendamiento. Además, se podrán incorporar al Registro de Inmuebles para vivienda social del Ayuntamiento.
Después de la firma, en la que han estado acompañados por la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, han visitado el edificio de viviendas objeto del convenio y el vicepresidente ha podido hablar con alguno de sus residentes.
Estas casas se pondrán a disposición de personas o unidades de convivencia en situaciones de emergencia en régimen de alquiler social o ser destinadas a realojo, de manera que les posibilite el acceso temporal a una vivienda de titularidad pública cuando no dispongan de una solución habitacional digna y adecuada. Entre estas situaciones está, entre otras, haber sufrido desahucio de su vivienda habitual, residir en casas que no son adecuadas o situaciones de hacinamiento.
La Generalitat cede gratuitamente el usufructo de las viviendas, mientras que el Ayuntamiento se compromete a gestionar las viviendas, adjudicarlas a las personas o unidades de” convivencia que cumplan las condiciones de necesidad habitacional, realizar la suscripción de los contratos de arrendamiento y el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones de los arrendatarios.
La vigencia del convenio será de 10 años sin perjuicio de las prórrogas que, por el mismo periodo, puedan acordarse entre las partes hasta un máximo de 30 años.
La compra de estas viviendas ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros. Junto a ellas, la Conselleria también adquirió en el municipio otra vivienda al BBVA y a finales de 2020, se compraron otras tres viviendas a la SAREB.
